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Columnas de humo
Catarsis
Carlos Rivera
22/10/2008
En el proceso virtual que ha de seguirse en la causa abierta por el juez Garzón sobre la eliminación sistemática de los vencidos que cometió el franquismo, hay un principio básico : ningún Estado puede borrar sus propios crímenes. Vaya esto por delante para quienes piensan que el auto de Garzón es un brindis al sol de consecuencias más previsiblemente simbólicas que jurídicas. El auto ordena la exhumación de las fosas comunes señaladas por los denunciantes, un auto que debería haber correspondido al parlamento del Estado. Se trata, pues, de un acto de reparación para las familias de todas aquellas personas que yacen en las fosas comunes tanto como un acto de dignificación humana para esos cadáveres individualmente insepultos. Los responsables directos de aquellos asesinatos colectivos no pueden rendir cuentas de esa acusación de crímenes de lesa humanidad, puestos que todos o casi todos han muerto. No se trata, por tanto, de un acto de venganza sino de reparación y dignificación bien asentados jurídicamente en el inicio del proceso del auto del juez. Tampoco se trata de hacer una revisión en sede judicial de la guerra civil en la que se enfrentaron nuestros ascendientes personales. El auto dice : “La acción de la Justicia se produce con el máximo respeto para todas las víctimas”, independientemente de su adscripción política, ideológica o religiosa. Jurídicamente impecable. A partir de esos principios de incoamiento de la causa es fácil deducir que las únicas víctimas que quedan sin reparación ni dignificación son aquellas que fueron asesinadas y colectiva y anónimamente enterradas entre las fechas comprendidas entre el 17 de julio de 1936 y diciembre de 1951. Es ahí donde se sustenta el auto del juez para declararse competente en el proceso de investigación, primero, y de exhumación, después. Está moralmente legitimado ese proceso para que los fantasmas de nuestro pasado histórico no interfieran o dejen de interferir en el futuro de este país y de su democracia. Una catarsis que no se produjo en el momento debido de la transición ni en el lugar debido, que no es otro que el parlamento del Estado. En reiteradas ocasiones ese parlamento ha intentado, en vano, la condena política de un régimen, el franquista, y de un golpe de estado, el de 1936, contra la legitimidad democrática de la Segunda República surgida de unas urnas que acabaron por convertirse en urnas funerarias. Siempre se opuso a esa condena en sede parlamentaria el partido que representa a la derecha española. Como ahora se opone al auto de Garzón, desbarrando, en ocasiones, por boca de algunos de sus personajes más representativos, como Manuel Fraga. Era lo esperado, después de todo el franquismo no ha muerto, sobrevive sociológicamente en las capas más reaccionarias de la sociedad española.
Un país que al cabo de setenta y dos años sigue guardando más de cien mil muertos en el armario necesita esa catarsis del absoluto olvido de una época de la que ningún español, sea de la ideología que sea, debe sentirse orgulloso. Ese olvido final sólo será posible cuando sean exhumados, identificados (si se puede) y enterrados en una fosa particular todos aquellos que hoy yacen en el anonimato de las fosas comunes. Es hora de que les demos digna sepultura para que sus descendientes puedan llevarles unas flores, llorarles unas lágrimas y considerarlos localizados en el espacio sentimental de sus conciencias. Cuando eso ocurra habrá concluído formalmente una guerra fratricida de memoria inquietante.
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